La Comisión Europea presenta su estrategia para el refuerzo de las normas de protección de datos de la UE – Derecho a ser olvidado.

La Comisión Europea presenta su estrategia para el refuerzo de las normas de protección de datos de la UE – Derecho a ser olvidado.

La Comisión Europea presenta su estrategia para reforzar las normas de protección de datos y dar respuesta a los problemas derivados del constante desarrollo de las nuevas tecnologías e Internet. Aunque la legislación europea es bastante exigente en esta materia, tiene que adaptarse a los nuevos fenómenos que vayan apareciendo en Internet, en especial a todo lo relativo a redes sociales, empresas que prestan servicios “en la nube” etc. Recordemos que la directiva de la UE sobre la protección de datos cumplió ya 15 años y no se ajusta en todo a las actuales necesidades del mundo globalizado. Las vigentes normas, en ocasiones, parecen ser bastante vagas y presentan cada vez mayores lagunas legales.

Los internautas, que utilizan los servicios de grandes corporaciones como Google o sitios de redes sociales como Facebook tienen que aceptar necesariamente las condiciones legales que no siempre cumplen con los requisitos y el espíritu de la legislación europea.

Con el fin de solventar estas controversias, la Comisión Europea está preparando una modificación de la directiva sobre protección de datos personales que pretende responder a las cuestiones como:

¿Qué ocurre con sus datos personales cuando se embarca en un vuelo, abre una cuenta bancaria o cuelga sus fotos en Internet? ¿Quién usa estos datos y cómo los usa? ¿Cómo borrar permanentemente información de su perfil en las redes sociales de Internet? ¿Puede transferir sus contactos y fotos a otro servicio?

En una de sus últimas declaraciones, la vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria de Justicia, Derechos fundamentales y Ciudadanía de la UE, ha recalcado que «La protección de los datos personales es un derecho fundamental».

Las propuestas de cambios legislativos están diseñadas para proteger y reforzar los derechos individuales al tiempo que se reducen los trámites burocráticos para garantizar el libre flujo de datos en el mercado único de la UE. Una de las principales propuestas es precisamente, crear un mecanismo legal que permita a los habitantes de la UE solicitar que toda la información publicada por ellos en la red pueda ser eliminada definitivamente. Además, deberá informarse claramente y de forma transparente a las personas sobre quién recoge y usa sus datos y sobre cómo, con qué fines, y por cuánto tiempo lo hace. La disposición, que la Comisión quiere sacar adelante, ya tiene su nombre «El derecho a ser olvidado” por hacer un especial hincapié en la supresión efectiva de los datos, cuando éstos dejan de ser pertinentes o cuando así lo solicitan los afectados.

Además, La Comisión quiere elevar los niveles de protección de datos que son enviados fuera de la UE. Recientemente, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos española ha abierto un expediente a Google España por, entre otros motivos, haber remitido a su central los datos recolectados de las redes wifi por sus coches de Street View.

Las autoridades de otros países han ido en la misma dirección, así la República Checa y Grecia han prohibido a Google recoger imágenes en su territorio, sobre todo porque Google como compañía estadounidense almacena la información en los servidores de EE.UU.

Asimismo el portal Euobserver informó que  sólo en Alemania, se registraron hasta 244.000 quejas de los ciudadanos por la inclusión de sus datos en el programa Street View.

Otro tema espinoso que pretende corregir la nueva disposición es relativo a las resoluciones de las posibles controversias. A la Comisión no le gusta el hecho de que las empresas estadounidenses impongan siempre, a los usuarios, sus tribunales como únicos competentes, aun cuando las víctimas son europeos. Según las leyes europeas de consumidores, tales cláusulas serían nulas y sin efecto.

Antes de la aprobación de la directiva por el Parlamento Europeo y el Consejo, se ha abierto un plazo a una consulta pública en la que pueden participar los ciudadanos, organizaciones o administraciones y que finalizará el 15 de enero 2011.

 

Fuente: www.elpais.com

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